Edición 33ª

1. Arias: podría cebarse presupuesto adicional
2. Mikel y López, optimismo por su arribo
3. Llegan recursos de la polémica bursatilización
4. Obtienen su libertad plagiarios de Poza Rica
5. Algarín, el contrapeso en el Poder Judicial

“Ya mis canciones no son alegres/ya mis canciones/tristeza son/ya me encontré con el sentimiento/ya me encontré con la decepción”.

            No es un secreto para el primer círculo de la clase gobernante el papel reconciliador y convergente que ha adoptado el rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, con el gobernador Fidel Herrera Beltrán, para que la institución académica que representa no se vea menoscabada por presuntas diferencias—por conciliábulos y entrega de parcelas de poder de la Máxima Casa de Estudios a la cúpula albiceleste-que desembocaron en una desangelada relación, que se refleja en las decisiones de los integrantes de la mayoría del PRI de la LXI Legislatura local.

            El rector mantenía hasta hace unos meses una relación de primera mano, tersa y bonachona con el Ejecutivo estatal-iban juntos a diversos eventos de la universidad y departían en los encuentros del equipo de basquetbol Los halcones Rojos de Veracruz-, pero dicen sus malquerientes que cometió varios pecados que en política son imperdonables. Complot o no las relaciones no son muy cordiales en la cúpula de la clase gobernante y la universitaria.

Cuando asumió formalmente su período al frente de la rectoría, tras una campaña dirigida y con un consejo académico cooptado a todas luces donde el otro aspirante a la rectoría Rafael Arias Hernández fue desdibujado por la cofradía universitaria, entregó cargos administrativos en la Universidad Veracruzana a familiares de neopanistas encumbrados en delegaciones del gobierno federal, entre ellos Agustín Basilio de la Vega, de la SCT de Veracruz, para congraciarse con la secretaría de Educación Pública, José Vázquez Mota, en una actitud no ortodoxa que incomodó al principal huésped de palacio de gobierno.

Y luego en lugar de ser un aliado del político de Nopaltepec, del cual recibió el beneplácito y respaldo por su designación como rector, empezó a cortejar a los personeros calderonistas de la SEP y de la  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) sin hacer la consulta obligada al jefe de las instituciones en Veracruz, haciendo alardes de que él se rige por la autonomía que goza la Universidad Veracruzana y que no puede entrometerse el gobernador en turno de la vida académica de los universitarios.

A lo mejor pudiera parecer una infamia o una ruindad de los críticos o adversarios de Arias Lovillo-no es una monedita de oro-, pero varias veces ha tenido que enfrentar una campaña mediática para que le otorguen una partida adicional de 50 millones de pesos para programas específicos de la UV, al grado de que tuvo que concurrir al pleno de la LXI Legislatura del estado para explicar pacientemente por qué y para qué requiere la partida presupuestal y entrevistarse con la bancada del PAN que lidera Alejandro Vázquez Cuevas para que respaldarán su propuesta, ya autorizada por todos los partidos políticos.

Pero su pretensión para recibir los recursos públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), están por esfumarse porque el presidente de la Comisión de Hacienda de la Legislatura local, Erick Alejandro Lagos Hernández-un novel diputado que ha resultado un genio para multiplicar el dinero como los peces y ha forjado una relación extraordinaria con los nuevos ricos del distrito de Santiago Tuxtla-, le mandó a decir que siempre no se le van a conceder los 50 millones de pesos, porque el gobierno del estado no está en condiciones de darle una ampliación presupuestal, ni tampoco lo hará con la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde su titular Nohemí Quirasco Hernández apeló a la generosidad del Ejecutivo estatal. A Nohemí, que se conduce con frivolidad y luce desganada para defender los derechos humanos de la población, le dijeron que no hay de piña.

Hay una frialdad, que aunque se minimice en las altas esferas gubernamentales, se ve reflejada en las decisiones que toma la mayoría priista de la LXI Legislatura local, porque de inmediato los diputados priistas actúan como talibanes con el rector Raúl Arias, que ante el campo minado busca la tregua para conciliar intereses y sumar juntos por la excelencia académica de la Universidad Veracruzana. La partida adicional requerida está por cebarse.
“Que ya te vas/que nunca más quieres volver a verme/que ya te vas/que yo en la vida no te traje suerte/Que fui muy cruel/que nunca supe del amor tranquilo”

Las renuncias del secretario de Seguridad Pública, Juan Manuel Orozco Méndez, y del procurador general de Justicia Emeterio López Márquez, eran una crónica anunciada. Deficiencias, corrupción, opacidad, arribismo, amiguismo, tortuguismo y falta de resultados en los rubros de Seguridad Pública y procuración de justicia, impidieron frenar los índices delictivos del crimen organizado y de los cárteles de la droga en Veracruz.

Veracruz no es Sonoro, Chihuahua, Tamaulipas o Baja California, pero los cuerpos policíacos locales se relajaron por omisión o comisión del poder público que en los últimos años de la actual administración estatal se fueron multiplicando los secuestros y crímenes de policías, que antes ocurría en forma aislada. Es necesario implantar una nueva metodología que combata el crimen organizado de raíz.

El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Sergio López Esquer, ofreció evaluar el desempeño de delegados e inspectores que operan en el estado para después realizar los cambios que sean vitales en la estructura de la corporación. Pero si realmente su intención es atacar a fondo a la delincuencia organizada, debe no sólo cambiar de adscripción a los mandos medios sino retirarlos de sus cargos, porque ya han creado intereses con las células delictivas.

No debe temblarle el coxis. Hay que hacer una limpia a fondo de la institución que representa. Bastaría también que examine con detenimiento el desempeño que está haciendo el director del Centro de Planeación y Estrategia (CPyE) -un Cisen veracruzano de inteligencia que cada día se hunde más en la mediocridad y en la improvisación-, Alejandro Ramírez Morales, quien es la segunda vez que ocupa este cargo en lo que va del sexenio, protegido del orondo diputado local priista Erick Alejandro Lagos, porque llegó con aires revanchistas, traumas, odio jarocho y san benitos que ya unió a todo el personal, pero en su contra.

Como es un parodia en la inteligencia, -en el seguimiento de los facinerosos, truhanes y pillos de siete suelas-, es un hecho que los carteles de la droga y el crimen organizado ya hayan tomado nota de los buenos oficios del director del Centro de Planeación y Estrategia. Si lo que busca el militar y secretario de Seguridad Pública es obtener resultados elocuentes, va a tener que utilizar la escoba para echar fuera a los improvisados, a los arribistas, a los trapecistas que sólo deterioran la buena imagen de las instituciones oficiales.

El mismo reclamo es para el procurador general de Justicia, Salvador Mikel Rivera—chirinista hasta por los poros, junto con su jefe de la Unidad Administrativa Manuel de León Maza-, porque no basta con cambios de adscripción de agentes del Ministerio Público o mandos medios de la Policía Ministerial, sino expulsar las manzanas que se han corrompido y que se ha dejado crecer como hidras.

El papel de ambos, es difícil porque siempre se camina sobre el filo de la navaja, ya sea combatiendo al crimen organizado o ejerciendo el poder en casa de cristal que luego incomoda ha los opositores del régimen fidelista. Los cambios y ajustes que habrán de efectuar tanto el secretario de Seguridad Pública, Sergio López Esquer, como el procurador general de Justicia Salvador Mikel, no deben ser un “gatopardismo” sólo para desviar la atención de la opinión pública sino la suma de resultados tangibles que garanticen el respecto a la integridad física y bienes de los veracruzanos.

No más secuestros, autosecuestros, ni ejecuciones de policías locales penetrados por los carteles de las drogas o terrorismo a la sociedad civil. ¡Basta ya de emisarios de la violencia!
“Cuéntame tú historia/y de tus amores/de tus desengaños/háblame de tus deseos/del sueño escondido/que no se realizó”.
                          
Satanizada por los moralinos albicelestes de la cúpula que encabeza el neopanista Enrique Cambranis Torres- un pelele del coordinador de la bancada en la LXI Legislatura local, Alejandro Vázquez Cuevas-, la ley de la bursatilización que entró en vigor para los ayuntamientos permitirá contar con mayores recursos adicionales al presupuesto anual que están operando y realizar una obra pública histórica en sus municipios, no pudo ser frenada por los correligionarios del líder nacional panista Germán Martínez Cáceres.

Por más que trataron de echarle lodo para distorsionar el proyecto fidelista que ya está aterrizando, por conducto del cordobés Javier Duarte de Ochoa, secretario de Finanzas y Planeación-un novel político que no está maleado en los asuntos del quehacer público y que está aprendiendo de los avatares de la res pública-, la bursatilización que proviene del 20% de la tenencia y uso vehicular llegará a finales de este mes y del entrante para que los munícipes que suscribieron este acuerdo con el gobierno del estado para que impulsen nuevas obras y se reduzca la grave desigualdad social que enfrentan más de 4 millones de veracruzanos en la mayoría de los 212 ayuntamientos del estado.

El secretario de Finanzas y Planeación le ha tocado jugar el papel principal del régimen fidelista, como su férreo brazo financiero de la obra pública que está construyendo el político de Nopaltepec, sobre todo en los gobiernos municipales opositores al PRI, que por fortuna, la mayoría aceptaron las reglas del esquema de la bursatilización para ampliar la obra social, que mucho se los habrán de agradecer los marginados, los oprimidos, los explotados, los desempleados y los que habitan en los cinturones de miseria.

El gobierno del estado no contrajo nuevas deudas que pongan en riesgo las finanzas, ya saneadas, del erario público estatal o municipal, ya lo aclaró puntualmente el gobernador Fidel Herrera Beltrán, y por lo menos ningún economista o políglota lo ha desmentido o ha puesto en tela de duda su exitoso proyecto que dotará de mil 400 millones de pesos a 197 municipios de los 212.

Los 15 municipios que no entraron a este proceso novedoso, son de origen panista, entre ellos el de Boca del Río donde su alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez, como era esperado no lo suscribió porque tiene el alma envenenada por su padre, el director general del ISSSTE Miguel Ángel Yunes Linares, enemigo irreconciliable del Ejecutivo estatal. Además, los albicelestes no están ni estaban obligados a sumarse a la bursatilización, pues quedó a criterio de los alcaldes firmarla o no, asumieron en resumidas cuentas su papel como opositores incendiarios y como el clásico inquisidor de Torquemada. Se sienten dueños de la verdad y de la democracia.

Duarte, que no es un personero rudo pero de repente tiene asesores que lo embarcan en misiones donde no tiene velo en el entierro—como Juan Manuel Velázquez Yunes o Vicente Benítez, que son un hígado y están obnubilados-, ha pulido ya su retórica que le ha permitido consolidar los ejes de gobierno de su jefe, el guía moral de la clase política veracruzana. En los frontispicios circula la versión no desmentida ni confirmada que el próximo año-fecha de renovación del Congreso de la Unión-, Duarte estaría enfrentado a la oposición en la batalla electoral por la diputación federal de Córdoba.

Si así fuese correcta la versión, Javier está obligado a construir un marketing adecuado que le garantice un triunfo holgado, que tenga certidumbre, confiabilidad, certeza y prestancia, porque si hoy fueran las elecciones-a pesar de que en las elecciones locales el PRI arrazo en las diputaciones y alcaldías- la oposición lo haría trizas. Los errores que ha cometido en este ínter del sexenio, los tiene que corregir, sobre todo, no ser incumplido, ni dobles o simulador.
“Maldito destino/qué suerte tan negra/me vino a tocar/está destrozada/ya mi alma completa/yo creo que en el cielo/pa’ mí no hay piedad/a veces quisiera”.
                      
No es que se quiera ser pesimista o agoreros del desastre. Pero la política penitenciaria de Veracruz va a seguir siendo una gran deuda de la administración estatal. Con la llegada del quinto director que arriba a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, el experto en alquimia electoral Zeferino Tejeda Uscanga, protegido del secretario de Protección Civil Ranulfo Márquez Hernández, se pensó o pensaron criminólogos o especialistas en Derecho Penal, que iba a ocurrir un milagro en la política de reinserción social, pero fue un espejismo.

Todo ha sido una tramoya. Zeferino, al igual que antecesores, está siendo rebasado en las decisiones que se tejen recurrentemente en el sistema penitenciario-preliberaciones al mejor postor y, ahora por cierto, acaparadas por la cúpula estatal del PRI, pues qué nos pasa-, por el Delegado Jurídico Ezequiel Castañeda Nevares-un tuxpeño que se cobija en haber sido hijo putativo del extinto diputado federal priista Demetrio Ruiz Malerva que brilló en el escenario político con el defenestrado ex presidente Carlos Salinas de Gortari-, y la subalterna Leticia Cazarín, quien llegó de la mano con Marco Antonio Domínguez López, después siguió con Armando Aíza Ávalos y protegida por José Domingo Martínez Riveroll, hoy gris coordinador de la Policía Intermunicipal de Xalapa.

Los actos de prevaricación no se han reducido en los 19 Ceresos del estado-los cotos de poder carcelario dejan pingues ganancias no sólo a los directores de los penales que se han convertido en sólo cajas recaudadoras de canonjías y prebendas-, sino que se han concatenado sin que se atreva a asomarse siquiera la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Nohemí Quirasco Hernández-para eso está, pero se la pasa encerrada en su bunker de Carrillo Puerto, haciendo como que vela por los derechos humanos de los internos-, pues ni siquiera tomó nota de los homicidios y suicidios que se registraron en los últimos 60 días en los penales del estado.

Zeferino podrá ser el mejor garante bien intencionado, pero carece de acerada voluntad, mano férrea, disciplina y otra cosita más para no dejarse imponer criterios del manejo de los penales que ha hecho la mancuerna compuesta por Ezequiel y Leticia, que tiene fama sobrada de conspirar con quienes le tienden la mano o se convierten en su halo protector. No hay la intención de pasar a cirugía mayor el sistema penitenciario, lo que ocurre son dobleces, ilusionismos para desviar la atención de la opinión pública.

¿Cómo es posible que habiendo recursos extraordinarios del gobierno del estado, Veracruz no tenga más penales regionales y servidores públicos bien remunerados? Todo tiene límites. La caja de Pandora va a cobrar nombres y apellidos de reputados políticos. Mucho lodo. La propuesta para que la Iniciativa Privada participe con capital en los Ceresos no ha fructificado. Hay recurso humano para hacer rentable cualquier proyecto productivo. Pero la honestidad, la verticalidad, las “manos limpias” en el sistema penitenciario brilla por su ausencia.

Quién o quiénes fueron lo osados que el Día del Padre cuando secuestraron a la joven Karina Reyes Luna, sobrina del arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, de la Dirección de Prevención y Readaptación Social se le ocurrió dejar en libertad a dos plagiarios que se encontraban recluidos en el penal de Amatlán de los Reyes, del empresario local de Poza Rica, Mario Olibella, donde se habla, según versiones, que se cotizó en 500 mil pesos. Cómo es posible que por un lado se esté condenando a los secuestradores que operan en Veracruz, y por el otro, se les suelte nuevamente a la calle.

¿Cómo se piensa combatir a los delincuentes que se dedican al secuestro de personas? Realmente el garante de los Ceresos piensa agarrar el toro por los cuernos, o simplemente va hacer y dejar pasar, como lo hicieron sus antecesores. La faena todavía no se ha hecho. Todo ha sido de utilería.
“Arrieros somos/y en el camino andamos/y cada quien/tendrá su merecido/ya lo veras/que al fin de tu camino/renegarás hasta de haber nacido”.  
                   
A todo mundo le queda claro. El Poder Judicial se ha quedado pasmado con el verticalismo del Poder Ejecutivo del estado. Hicieron mucho ruido al principio cuando se iba a presentar la reforma integral al Poder Judicial que promovió el gobernador Fidel Herrera y que fue aprobada por unanimidad por los diputados de la LXI Legislatura local. Después se quedaron sin voz.

Tanto estudiaron, se desvelaron, pasaron las noches en vela por la génesis de la reforma integral del Poder Judicial que, entre otras cosas, creó tres nuevas plazas de magistrados numerarios para ampliar las funciones del Consejo de la Judicatura-la cofradía que se despacha con la cuchara grande en las resoluciones administrativas, al que están en desacuerdo el resto de los magistrados que no conforman el mini pleno-, una Contraloría que no existía y otros rubros de la administración de la justicia, que se quedaron afónicos.

El presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Reynaldo Madruga Picasso, está en deuda con la sociedad civil, con los sectores productivos, con los indígenas, con lo ayunantes de la justicia, con los electores y contribuyentes, porque como cuerpo colegiado que representa no ha sabido defender, con la ley en la mano, como profesionista y como varón la autonomía y soberanía del Poder Judicial.

No se trata de reñir o llegar a los discensos con el poder público, pero se rasgaron las vestiduras y casi llevan a la hoguera a quienes se entrometían en los asuntos competentes del Poder Judicial sí el Poder Ejecutivo no designaba a servidores públicos con carrera en la esfera judicial como nuevos magistrados, que de los tres nombrados, sólo uno cumplió el requisito; y luego, este martes, el gobernador FHB designó como Contralor del Poder Judicial a Alfredo Algarín Vega, hasta el lunes director de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Contraloría General.

Picasso y sus incondicionales actuaron como timoratos, porque apenas medio alzaron la voz para comentar que sólo uno de los tres personeros propuestos por el Poder Ejecutivo había cubierto los requisitos de ley, pero de ahí, como impartidores de justicia, no dijeron si impugnarían los nombramientos o se sujetarían a los acuerdos tradicionales de los sótanos en el poder. Del nuevo contralor, Alfredo Algarín, ex secretario de Gobierno y personero allegado al ex gobernador y ex secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios (+), no hicieron olas. No hubo mutis, pues. Es el contrapeso.

Los hombres y mujeres del birrete dejaron que el poder vertical se impusiera. No pusieron omisión, por lo menos por deontología y moral, debieron haber hecho observaciones al calce que se tradujeran en una reforma integral del Poder Judicial visionaria para varias décadas. Ninguno de los tres poderes se puede imponer sobre el otro, o ser vasallo del otro.

Tarde o temprano el Tribunal Superior de Justicia tendrá que recobrar su brillantez y el espíritu autónomo concebido, pues a este propósito don Fernando Gutiérrez Barrios decía que “el poder vertical ya no tiene sustento histórico. Mantener el estado y al país fosilizados, por dolosas y convenencieras interpretaciones jurídicas, hubiera traído consigo consecuencias funestas”. El mensaje queda para los políglotas o los hiperpolíglotas. Y hasta aquí de PLANA MAYOR, nos vemos la próxima semana. (gau41@hotmail.com o gaude55@yahoo.com.mx)

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