Córdoba, Ver.- A fin de que ninguno de los cinco mil funcionarios incurran en un delito en material electoral, la Contraloría General del Estado blindará a las distintas áreas administrativas y operativas de la administración estatal y esta dependencia fungirá como difusora de los lineamientos establecidos por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

De acuerdo con el contralor Iván López Fernández, en los 14 meses de la administración estatal no se han aplicado sanciones a los funcionarios estatales por incurrir en irregularidades graves, sólo llamadas de atención por incumplir con algunas de sus obligaciones.

Dejó en claro que esta dependencia no es un órgano sancionador, pues la idea no es castigar si no contribuir al crecimiento del funcionario estatal y acompañarlo en la correcta ejecución del presupuesto.

Entrevistado después de inaugurar el taller de blindaje electoral dirigido a personal de las dependencias estatales en la zona Córdoba-Huatusco-Orizaba-Zongolica, donde asistieron más de 300 empleados entre titulares y jefes de área, López Fernández destacó que la Contraloría General se convertirá, por instrucciones de la Procuraduría General de la República a través de la Fepade, en parte del esfuerzo que se tiene que hacer para la denuncia.

“La Contraloría, cumple con la difusión para que sepan qué hacer y qué no hacer, la que se obliga a tener en orden todos los procesos, si hubiera alguna en cuestión, sería directamente la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”.

Expuso que desde el año pasado de manera mensual se ejerce un control estricto de todos los recursos a ejercerse por los diversos órganos descentralizados y dependencias estatales, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Estableció que en materia electoral, las dependencias con mayor número de empleados siempre serán las que tengan mayor riesgo de ser señaladas de incurrir en presuntos delitos elecorales.