AÑO 10 VOLUMEN 3695

 

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La fila de acreedores… el de atrás paga

Luis Alberto Romero

La confianza ciudadana

El baby shower del IVAI

Este jueves, la Diputación Permanente de la Legislatura del Estado dio entrada a la iniciativa planteada por el gobernador Javier Duarte para reestructurar la deuda pública heredada por la presente administración.

De aprobarse, como es seguro que ocurra, se autorizaría al gobierno de la entidad a contratar tres créditos por un total de 21 mil 70 millones de pesos, con lo que se pagaría, al menos en teoría, más de la mitad de la deuda veracruzana, que asciende a  poco más de 41 mil 661 millones.

En términos prácticos, el gobierno del estado pagaría la vieja deuda, contratando un nuevo crédito; al final, el monto no cambia, pero sí podría modificarse, con esa reestructuración, las condiciones y los plazos de pago.

Dicha propuesta plantea dejar en garantía las futuras participaciones federales.

Con estos tres nuevos créditos, la presente administración habrá hecho, en sus primeros cinco años, 25 contratos de deuda pública: 19 para supuesta inversión productiva; 3 para reestructurar pasivos; y otros 3 que serían aprobados por la presente Legislatura en este nuevo proceso.

En total, de acuerdo con datos del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, de la Secretaría de Hacienda, la deuda que heredó la presente administración estatal, en 2010, fue de casi 21 mil 500 millones de pesos; los créditos que se anuncian hoy prácticamente cubrirían esos pasivos.

Quedará pendiente por saldar, primero, los créditos contratados por la presente administración, más de 20 mil 160 millones de pesos; y, segundo, las nuevas obligaciones, que representarán 21 mil 70 millones; además de la deuda con proveedores, constructores, contratistas y prestadores de servicios, una millonada que heredará el próximo gobernador veracruzano, quien al asumir el cargo, en vez del tradicional besamanos encontrará una fila de acreedores con la mano abierta y la palma hacia arriba.

 

 

La confianza ciudadana

La casa encuestadora Consulta Mitofsky dio a conocer los resultados de un trabajo sobre la confianza ciudadana en las instituciones de nuestro país.

Se trata de un ejercicio que lleva a cabo cada año, desde hace poco más de una década. Destaca que ninguna institución de México ha incrementado sus niveles de confianza; al contrario, cada año pierden más puntos.

Este 2015, los que fueron mejor evaluados son las Universidades, con 7.3; la Iglesia, con 7.1; y el Ejército, con 7.0.

Ese ejercicio de medición ubica a siete instancias con un nivel de confianza medio: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 6.9; las estaciones de radio y los medios de comunicación (los ubican por separado pero tuvieron el mismo resultado, 6.6; los empresarios, 6.5; la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 6.3; bancos, 6.2; las cadenas de televisión, 6.2; y el Instituto Nacional Electoral, 6.1, a punto de pasar a la escala de los reprobados.

En ese ranking, seis obtuvieron calificación reprobatoria: la Presidencia, 5.7; los sindicatos, 5.4; los senadores, 5.3, al igual que los cuerpos policiacos; los diputados, 5.2; y, al fondo de la tabla, los partidos políticos, que registraron un nivel de confianza de 4.9.

Son datos que, aunque no evalúan el desempeño de esas instancias, sino la percepción de los ciudadanos, resultan de utilidad y nos mueven a la reflexión porque la mayoría de los sectores reprobados se ubican en el gobierno, excepto sindicatos y partidos, a los que los mexicanos perciben como altamente corruptos.

Estos son, por cierto, los peores resultados de las instituciones evaluadas en los últimos 11 años; la gente cada vez confía menos y de esa tendencia no hay actor público que se salve.

 

 

El baby shower del IVAI

Probablemente, la consejera presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yolli García Álvarez, no midió las reacciones que provocaría la celebración de un baby shower en las instalaciones del IVAI.

Es probable, también, que no exista repercusión alguna por la organización de ese festejo; sin embargo, queda la impresión de que ese organismo y su presidenta deben cuidar mucho más las formas. García Álvarez sostiene que el pastel y los bocadillos que se sirvieron corrieron a cargo de los empleados y no hay motivo para no creerle; el problema es que para esa fiesta se utilizaron las oficinas, la sala de sesiones, la energía eléctrica y hasta el tiempo de los trabajadores en horario laboral.

Por la mañana de este jueves, el consejero Fernando Aguilera de Hombre declaró que se investigaría el tema; no necesita ir muy lejos porque la propia presidenta del organismo se encargó de autorizar la fiesta.

Por supuesto, debido a que es un asunto de menor importancia, no se espera sanción o amonestación alguna; ojalá, sin embargo, la consejera Yolli García cuide más las formas en el futuro y no nos vaya a sorprender con que ahora va a organizar una kermés.

@luisromero85

 

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