AÑO 10 VOLUMEN 3615

 

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Veracruz, el nuevo escándalo

Luis Alberto Romero

Hace un mes, el lunes 22 de junio, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aparecía en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno para señalar que las observaciones derivadas de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación habían sido resueltas “al comprobarse correctamente la aplicación de los fondos”.

En esa conferencia, durante la cual el gobernador no aceptó preguntas de la prensa, Duarte de Ochoa reconoció el daño a la imagen de la entidad y de sus autoridades, debido a “la falta de atención, omisiones, negligencia e irresponsabilidad en la que incurrieron servidores públicos.”

Un día después, el martes 23, el contralor Ricardo García Guzmán sacó la guadaña y anunció el inicio de procedimientos administrativos contra ex funcionarios del gobierno veracruzano como Mauricio Audirac Murillo y Manuel Corral, ex contralor y ex procurador fiscal, respectivamente; así como el cese del subsecretario de egresos, Carlos Aguirre.

El problema es que esas medidas disciplinarias y los ceses de ex funcionarios –en su mayoría de medio pelo– no corresponden al daño que registran las finanzas de un estado al borde del colapso financiero.

Por otro lado, debido a las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, ese órgano interpuso, entre el 11 y el 20 de noviembre del año pasado, 15 denuncias penales derivadas de la simulación de reintegros en que habría incurrido el gobierno del estado.

Veracruz volvió a ubicarse en el centro del escándalo nacional, por ser la entidad con más denuncias acumuladas debido a esa simulación.

Las observaciones corresponden a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010 y 2011; en los tres primero años gobernó la entidad Fidel Herrera; 2011 ya corresponde a Javier Duarte.

En total, se habla de 8 mil millones de pesos de los fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud, Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Según expertos en materia de rendición de cuentas y fiscalización, los estados cuyos gobiernos fueron denunciados primero habrían sido notificados de las observaciones; después, depositaban los recursos que les eran requeridos, enviaban los comprobantes a la ASF y retiraban posteriormente el dinero, que no era utilizado para los fines para los que estaban destinados.

No es un tema nuevo: las irregularidades, el desorden financiero y administrativo, incluso el desaseo con que se manejan los recursos públicos en Veracruz, han sido material casi permanente en los medios informativos nacionales, que reflejan el resultado de las observaciones de los organismos dedicados a la fiscalización.

En febrero del presente año, por ejemplo, trascendió que de todos los gobiernos estatales, el de Veracruz era el que registraba más problemas en cuando al correcto ejercicio del dinero público. Juan Manuel Portal Martínez, titular de la ASF, declaró el día 20 del citado mes que el gobierno veracruzano era el que más desviaba recursos. En ese sentido, puso como ejemplo de las irregularidades detectadas la existencia de una cuenta concentradora cuya operación no resulta transparente.

En total, la revisión a las cuentas públicas del gobierno del estado encontró que faltaba documentación comprobatoria por más de 18 mil millones de pesos; que recursos por más de 10 mil millones fueron transferidos a cuentas bancarias distintas a las autorizadas; que 8 mil millones fueron aplicados en conceptos que no corresponden con los fines de los fondos establecidos; y que la Secretaría de Finanzas no había entregado los recursos a los entes ejecutores, entre otras irregularidades.

Por ello llamó la atención el discurso oficial de hace un mes, en el sentido de que aquí no pasa nada; que todo fue un mal entendido; que el correcto uso de los recursos estaba ya documentado y acreditado; y que sólo había observaciones administrativas sin consecuencias penales.

Un mes después de ese anuncio del gobernador veracruzano llegaron las denuncias de la ASF y las naturales reacciones: el senador Fernando Yunes Márquez, por ejemplo, calificó como una vergüenza nacional que pretendan engañar a la ASF.

Esa es, en síntesis, la nueva crisis del gobierno veracruzano, cuando estamos entrando al proceso de sucesión de 2016: una fuerte deuda que asfixia las finanzas estatales y que obliga a emitir anuncios y decretos de austeridad que implican el despido –hoy llamado retiro voluntario– de burócratas; y por si fuera poco, irregularidades en el manejo de los recursos públicos que ya derivaron en denuncias de la Auditoría. Para salir de esos problemas no basta contar con una Legislatura local a modo.

Los días de insomnio para los funcionarios y ex funcionarios estatales que habrían metido la mano al cajón del dinero apenas están por llegar.

@luisromero85

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