AÑO 10 VOLUMEN 3638

 

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El IPE y el fallo de la Corte

Luis Alberto Romero

·         Vaquillada en el primer municipio antitaurino

·         La crisis de la UV

Luego de que fuera aprobada por la legislatura veracruzana, la nueva Ley de Pensiones del Estado fue publicada hace poco más de un año, el 21 de julio de 2014. A partir de ahí comenzó una ola de manifestaciones y protestas de jubilados, pensionados y trabajadores en activo, que consideraban dicho documento como violatorio de sus derechos.

El caso llegó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debido a ese recurso, en marzo pasado, el Poder Judicial aplazó la discusión en torno a las solicitudes de amparo que presentaron más de 140 personas ante los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, contra las modificaciones aprobadas por el Congreso de Veracruz. Por supuesto, los ministros consideraron que antes de analizar los amparos, primero se tendría que resolver el recurso interpuesto por la CNDH.

Eso es en las instancias de impartición de justicia; en las calles de la capital veracruzana y algunas ciudades del estado, las manifestaciones han sido constantes; los miembros de la Coalición de Pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz y del Frente Estatal de Defensa del Instituto de Pensiones del Estado, por ejemplo, han protestado contra la que consideran una legislación violatoria de sus derechos; sobre todo por tres puntos fundamentales: primero, apuntan que las reformas del año pasado a la Ley del IPE son incompatibles con los términos de la constitución política de nuestro país; segundo, porque eleva la edad jubilatoria y aumenta las cuotas de los trabajadores; y tercero, porque exige, para realizar trámites ante el IPE, estar al corriente con las cuotas y aportaciones, se entiende que a quienes no cubran sus adeudos se les podrían negar los servicios del Instituto.

A ello se suma la inconformidad porque quienes, habiendo cotizado, no tengan derecho a pensión, renunciarán también a los intereses generados por sus cuotas y aportaciones.

Las modificaciones a la Ley del IPE darán para mucho en términos informativos; el tema está lejos de resolverse, a pesar del fallo de la Suprema Corte con relación al recurso de inconstitucionalidad.

Ayer, mediante un comunicado de prensa, el gobierno estatal informó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la constitucionalidad de la Ley del IPE para Veracruz, y modificó de manera parcial únicamente tres artículos. No se especifica cuáles son, pero

Se trata del 16, relacionado con los gastos de administración; 19, la aportación del 12 por ciento; y 32, que se refiere a la obligatoriedad de los trabajadores de estar al corriente con las cuotas.

Es un asunto polémico porque por un lado están los derechos laborales y el tema de las pensiones y jubilaciones; y, por otra parte se encuentra la situación financiera insostenible del IPE.

Recordamos que hace poco más de un mes, el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, y el director del instituto, Armando Adriano Fabre, se refirieron a los problemas económicos que han obligado al gobierno estatal a destinar 6 mil millones de pesos en los últimos 5 años. A pesar de ese y otros argumentos, válidos desde el punto de vista administrativo y financiero, se espera que siga la inconformidad de trabajadores, jubilados y pensionados, que consideran que la modificación a esa ley constituye un golpe a las fibras más sensibles, que son las que están en el bolsillo.

Vaquillada en el primer municipio antitaurino

En julio de 2012, el municipio de Teocelo fue declarado como el primer municipio antitaurino del país, el hecho se volvió nota de medios nacionales y dicha medida fue festejada por ambientalistas y defensores de los animales. El perredista Cristian Teczon gobernaba ese municipio.

Se trata del primer intento por poner fin a la barbarie disfrazada de tradición; por ello se prohibieron las corridas de toros, vaquilladas y, en general, todas las expresiones que implican maltrato contra los animales.

Las nuevas autoridades, encabezadas por la priísta Ana Lilia López Banda, tienen otros planes.

En agosto del año pasado, en ese lugar se verificó un encierro que cobró una vida; por supuesto, el ayuntamiento local se deslindó con el frágil argumento de que no estaba enterado.

Posteriormente, el 11 de enero de este año, el gobierno municipal organizó una consulta pública sobre la celebración de corridas de toros, encierros y vaquilladas; según esas autoridades, la población acudió a las urnas para pedir que dichas expresiones continúen.

Este domingo se llevó a efecto otra vaquillada en Teocelo; en esta ocasión no hubo personas fallecidas, pero tres resultaron heridas.

Atrás quedó, como anécdota, el primer municipio antitaurino de México.

La crisis de la UV

La rectora de la Universidad Veracruzana, Sala Ladrón de Guevara, recurre a los diputados federales electos por Veracruz, que rendirán protesta el 1 de septiembre, para que se conviertan en gestores de los recursos que le son urgentes a la máxima casa de estudios de la entidad.

Hace diez días, la rectora ya se había quejado ante la amenaza de que el próximo año, el dinero que llega de la Federación sea todavía menor.

Dice que la UV ejerce, anualmente, recursos por casi 6 mil millones de pesos, que ya no son suficientes para satisfacer las necesidades.

Por ello pidió el apoyo de los diputados del PAN, PRI y Morena. Veremos si existe voluntad y, sobre todo, capacidad de gestión de quienes se encargarán de aprobar el presupuesto de egresos 2016. @luisromero85

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